El proyecto aumenta las sanciones por extracción ilegal de agua y mejora las herramientas de fiscalización de la Dirección General de Aguas. Busca endurecer las penas penales por robo de agua, aumentar las multas administrativas por infracciones a la normativa de aguas, y fortalecer la capacidad de la autoridad para recopilar información sobre recursos hídricos y derechos de aprovechamiento.
El agua es un recurso escaso y fundamental para la vida. El proyecto responde a que las sanciones actuales (de hace 30 años) son muy bajas y no disuaden efectivamente el robo de agua. La falta de información confiable sobre extracciones y derechos de agua impide que el Estado planifique y administre adecuadamente este recurso. El proyecto busca hacer más efectiva la protección del agua mediante penas más severas, multas mayores y mejor información para evitar el agotamiento de acuíferos y cauces.
Generado el 8 jul 2026
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Generado el 8 jul 2026