El proyecto propone reservar un mínimo del 2% de los puestos de trabajo en organismos públicos (administración estatal, municipalidades, Congreso, Poder Judicial y Ministerio Público) para personas con discapacidad que cumplan los requisitos del cargo. Además, obliga a realizar adaptaciones en las pruebas de selección para garantizar igualdad de condiciones en los procesos de evaluación.
Las personas con discapacidad enfrentan barreras significativas para acceder al empleo, incluso cuando cumplen con los requisitos. Aunque existen leyes que reconocen sus derechos, no hay medidas concretas que aseguren oportunidades laborales reales en el sector público. Este proyecto busca garantizar una inserción laboral efectiva mediante cupos mínimos, siguiendo modelos de otros países como España (5%) y Argentina (4%). Esto permitiría mejorar la integración social y económica de este grupo, reduciendo la discriminación en la contratación pública.
Generado el 8 jul 2026
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