El proyecto crea un delito penal específico para castigar acuerdos entre empresas que controlen el mercado para subir precios o restringir la venta de bienes esenciales como alimentos, medicinas, agua, electricidad y combustible. Las penas incluyen cárcel, multas altas y la cancelación de la personalidad jurídica de las empresas responsables.
Actualmente en Chile no existe un tipo penal específico que castigue la colusión entre empresas dominantes del mercado para fijar precios o limitar la circulación de bienes esenciales. Esto ha permitido que estas prácticas se persigan bajo figuras genéricas de fraude, lo que resulta en investigaciones fallidas o salidas alternativas que generan impunidad. El proyecto busca disuadir estas conductas que afectan gravemente la salud pública y el acceso de las personas a bienes básicos, especialmente en contextos donde Chile forma parte de acuerdos internacionales como la OCDE que exigen regulación rigurosa.
Generado el 8 jul 2026
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