El proyecto propone acelerar los juicios por infracciones a la Ley del Consumidor mediante dos cambios: aumentar de 10 a 30 Unidades Tributarias Mensuales el monto máximo de sentencias que no pueden ser apeladas, y dar preferencia en las Cortes de Apelaciones a los juicios que protegen derechos colectivos de consumidores.
Los juicios por derechos del consumidor tardan demasiado tiempo (más de 7 años en casos colectivos), lo que desalienta a las personas a demandar por montos bajos porque los costos judiciales superan el perjuicio. Esto es especialmente grave en casos colectivos que afectan a cientos de miles de personas. Las medidas buscan que los consumidores puedan obtener reparación de manera más rápida y accesible, reduciendo la ventaja que tienen las grandes empresas sobre los consumidores individuales.
Generado el 8 jul 2026
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