El proyecto obliga a todos los establecimientos educativos que reciben dinero del Estado (universidades, institutos, escuelas, jardines infantiles) a publicar información clara sobre de dónde obtienen sus recursos y en qué los gastan, de manera similar a como lo hacen las empresas privadas grandes. Esto incluye mostrar balances auditados y transacciones con empresas relacionadas a sus dueños.
Busca restaurar la confianza pública en las instituciones educativas que usan recursos de todos los chilenos. Actualmente existe desconfianza ciudadana sobre cómo se gastan estos fondos. Al transparentar el origen y destino de los recursos, se pretende que apoderados y estudiantes puedan tomar decisiones informadas, y que el Estado pueda diseñar políticas educativas basadas en información precisa. También busca evitar prácticas como repartos de utilidades injustificados en instituciones que reciben dinero público.
Generado el 8 jul 2026
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