El proyecto propone crear una regulación específica para el uso de agua de mar en plantas desalinizadoras. Establece que el agua desalada es un bien público que solo puede usarse en la cantidad y finalidad autorizada, y crea una Estrategia Nacional de Desalinización que priorice el consumo humano y doméstico, proteja acuíferos terrestres y evite daños ambientales.
La sequía prolongada en el norte y centro del país, agravada por el cambio climático, ha aumentado la presión por usar agua de mar desalada. Sin embargo, se han aprobado proyectos sin planificación ni regulación clara, lo que genera riesgos de concentración de derechos, daño ambiental (como la generación de salmueras) y falta de prioridades públicas. Esta ley busca evitar que se repitan los errores cometidos con el agua terrestre, asegurando un uso sustentable y que beneficie primero al consumo humano y doméstico.
Generado el 8 jul 2026
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Generado el 8 jul 2026