El proyecto busca sancionar penalmente a quienes comercialicen productos falsificados, sin autorización sanitaria o de origen no acreditado, así como a quienes los provean o se asocien para distribuirlos. También faculta a autoridades para fiscalizar el comercio ambulante y establece que las municipalidades regulen dónde se puede ejercer este tipo de comercio.
El comercio ilegal mueve alrededor de US$ 1.000 millones anuales en Chile, generando pérdidas fiscales de más de US$ 160 millones en IVA. Además de la evasión tributaria, el problema fomenta delitos, crea competencia desleal contra comerciantes legales, informa la economía y expone a consumidores a productos que pueden ser peligrosos para la salud y seguridad. El proyecto busca enfrentar estas consecuencias mediante sanciones penales y mecanismos de investigación más efectivos.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026