El proyecto amplía el plazo para perseguir penalmente los delitos electorales de 2 a 5 años. Esto afecta delitos como recibir aportes que excedan los límites legales, usar fondos electorales para otros fines, o entregar información falsa en reportes de gastos de campaña. El cambio busca que estos delitos tengan el mismo plazo de prescripción que los delitos simples en general.
La ley actual sobre financiamiento electoral tiene un plazo de prescripción de solo 2 años para perseguir delitos, lo que es más corto que el plazo general de 5 años para otros delitos simples. Esto dificulta investigar y sancionar infracciones electorales graves que afectan la integridad de los procesos democráticos. Ampliar el plazo a 5 años permitiría que las autoridades tengan más tiempo para investigar y procesar casos de corrupción electoral, fortaleciendo la transparencia y confianza en el sistema electoral.
Generado el 8 jul 2026
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