El proyecto propone que el Estado, al contratar servicios o comprar productos a través de licitaciones públicas, pueda dar preferencia a empresas que tengan al menos un 2% de personas con discapacidad en su plantilla, siempre que sus ofertas sean equivalentes en calidad y precio a las mejores propuestas.
Aproximadamente el 15% de la población chilena tiene algún nivel de discapacidad, y la mitad de ellas enfrenta dificultades importantes para realizar actividades cotidianas. El proyecto busca ampliar las oportunidades laborales de este grupo vulnerable usando el poder de compra del Estado como incentivo, sin sacrificar la eficiencia en las contrataciones públicas. Se espera que esto contribuya a la integración social y económica de las personas con discapacidad.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026