El proyecto crea un marco legal para los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, reconociendo a comités y cooperativas comunitarias como operadores formales. Establece dos tipos de operadores: "permisionarios" (comités con permisos de hasta 10 años) y "licenciatarias" (cooperativas con licencias de hasta 30 años), con diferentes exigencias según su tamaño y capacidad. Además, define tarifas, derechos y obligaciones de usuarios y operadores, y crea una institucionalidad estatal para apoyar, regular y fiscalizar estos servicios.
Actualmente, casi 1,5 millones de habitantes rurales dependen de comités y cooperativas para agua potable, pero estas organizaciones carecen de un marco legal claro. El proyecto aborda la heterogeneidad del sector (solo el 17% de los servicios es sustentable), formaliza la participación comunitaria que ha funcionado durante 40 años, y busca mejorar la calidad, eficiencia y cobertura del servicio. También reconoce el rol de la mujer (36-41% en directorios) y crea condiciones para que servicios más débiles reciban apoyo estatal mientras los más fuertes pueden acceder a financiamiento privado.
Generado el 8 jul 2026
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Generado el 8 jul 2026