El proyecto crea un nuevo derecho real de conservación que permite a propietarios de terrenos limitar voluntariamente el uso de sus inmuebles para proteger el ambiente, delegando la vigilancia a organizaciones ambientales autorizadas. Este derecho se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces, vincula a futuros dueños, y dura mínimo 20 años o puede ser perpetuo.
Chile tiene solo el 19% de su territorio en áreas protegidas estatales, con grave inequidad regional: el 84% está en Aysén y Magallanes, mientras regiones centrales y mediterráneas tienen menos del 1%. Existen sobre 500 iniciativas privadas de conservación (1,7 millones de hectáreas) sin marco legal que garantice su permanencia. Este derecho busca formalizar y potenciar la conservación privada como complemento al sistema estatal, permitiendo que propietarios contribuyan a proteger ecosistemas prioritarios identificados por la Estrategia Nacional de Biodiversidad, generando beneficios ambientales duraderos y mejorando la imagen internacional del país.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026