El proyecto regula la actividad de lobby (gestiones para promover intereses particulares ante autoridades públicas) mediante un sistema de registro obligatorio, transparencia en las audiencias y reuniones, y sanciones para quienes incumplan. Busca que las decisiones públicas se tomen en beneficio del bien común, no de intereses privados, permitiendo que ciudadanos y autoridades conozcan quién intenta influir en las decisiones del Estado y por qué.
En democracia, las decisiones públicas deben tomarse considerando el bien común, no intereses privados. Sin regulación, grupos con recursos pueden influir indebidamente en autoridades, distorsionando decisiones, afectando la competencia leal y erosionando la confianza en el Estado. La ley busca evitar la "captura" de autoridades por intereses particulares, permitiendo que todos (ciudadanos, competidores, afectados) sepan quién está presionando por qué decisiones, mejorando la igualdad de oportunidades en la participación política y la imagen internacional del país.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026