El proyecto crea un registro nacional centralizado de personas prófugas de la justicia (con órdenes de detención vigentes), accesible a tribunales, fiscalía, policías y gendarmería. Además, suspende licencias de conducir y ciertas prestaciones estatales a quienes figuren en el registro, mientras no regularicen su situación ante la justicia.
El proyecto busca enfrentar el problema de personas que eluden la justicia accediendo a servicios estatales normalmente. Según datos presentados, hay más de 13.000 órdenes de detención vigentes anuales. La iniciativa pretende mejorar la coordinación entre instituciones para detectar y capturar a prófugos, reducir la sensación de impunidad y fortalecer la confianza en el sistema judicial.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026