El proyecto modifica el sistema de libertad condicional para que sea decidido por comisiones judiciales en lugar de autoridades administrativas, buscando mayor objetividad. Además, reemplaza la conversión de multas impagadas en cárcel por prestación de servicios comunitarios no remunerados, como alternativa más humanitaria para personas sin recursos económicos.
El país enfrenta una crisis penitenciaria con aproximadamente 60% de sobrepoblación en cárceles. Actualmente, 2.648 personas están privadas de libertad solo por no pagar multas, lo que agrava el hacinamiento y afecta derechos fundamentales. El proyecto busca reducir la congestión carcelaria, mejorar las condiciones de reclusión, y ofrecer una sanción más proporcional y rehabilitadora para personas pobres condenadas a multas, evitando que ingresen al sistema penitenciario por razones económicas.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026