El proyecto crea un Tribunal Ambiental especializado para resolver conflictos sobre decisiones ambientales de la administración, demandas por daño ambiental, y sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Estará integrado por jueces y profesionales de ciencias y economía, con sede en Santiago.
El proyecto busca equilibrar dos objetivos: garantizar que las normas ambientales se cumplan efectivamente (mediante sanciones creíbles) y proteger los derechos de las personas afectadas por decisiones administrativas. Sin un tribunal especializado, las sanciones ambientales pueden parecer arbitrarias o injustas, y los ciudadanos no tienen acceso rápido a justicia. El tribunal proporciona certeza jurídica para la inversión y protección ambiental simultáneamente.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026