El proyecto crea una comisión permanente de coordinación del sistema de justicia penal a nivel nacional, integrada por los principales actores del sistema (Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Colegio de Abogados). También establece comisiones regionales similares en cada región del país para coordinar, evaluar y mejorar el funcionamiento del sistema procesal penal.
Desde la implementación de la Reforma Procesal Penal (2000), el sistema de justicia penal requiere coordinación permanente entre sus diversos actores para funcionar efectivamente. La comisión anterior era transitoria y expiró en 2005. Este proyecto busca crear una instancia permanente que permita detectar problemas, mejorar procedimientos, proteger a las víctimas y aumentar la seguridad ciudadana mediante una mejor comunicación y acción conjunta entre las instituciones involucradas.
Generado el 8 jul 2026
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