El proyecto prorroga por 6 meses el plazo para que la Comisión Asesora califique casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. Además, autoriza a esta Comisión a acceder a documentos y testimonios de la anterior Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2003) para mejorar sus evaluaciones, manteniendo el secreto legal que protege esa información.
La Comisión Asesora recibió más de 33.000 solicitudes de calificación (casi el doble de lo esperado), lo que hizo insuficiente el plazo original de 6 meses. Ampliar el plazo permite que la Comisión evalúe cada caso con la acuciosidad necesaria. Acceder a documentos previos facilita decisiones mejor fundamentadas sobre quiénes fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante la dictadura, lo que es relevante para reconocimiento oficial, reparación y memoria histórica.
Generado el 8 jul 2026
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