El proyecto modifica las reglas para que el Estado pueda gestionar mejor los contratos de transporte público concesionado, especialmente en situaciones de crisis. Establece nuevas herramientas para garantizar la continuidad del servicio cuando un operador quiebra o incumple, y permite que el Estado termine anticipadamente contratos en la Región Metropolitana si lo considera necesario en el interés nacional.
El transporte público en Santiago ha enfrentado problemas estructurales desde su implementación (Transantiago), con deficiencias en calidad, continuidad y gestión. El proyecto busca darle al Estado instrumentos legales para intervenir cuando falla un operador, evitando que los usuarios queden sin servicio. También busca equilibrar los derechos de los concesionarios con el interés público de contar con un transporte eficiente y seguro.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026