El proyecto prorroga por dos años los incentivos estatales para la forestación privada (decreto ley 701 de 1974) y aumenta los beneficios para pequeños y medianos propietarios forestales. También permite que comunidades indígenas que reciben tierras accedan nuevamente a estos incentivos, y crea un registro público de operadores forestales.
El decreto ley 701 vencía en enero de 2011. Su prórroga mantiene los incentivos que desde 1974 han promovido la plantación de bosques, generando empleo rural, control de erosión y captura de carbono. El proyecto busca aumentar la tasa de forestación nacional, beneficiar especialmente a pequeños y medianos propietarios, y resolver problemas de acceso para comunidades indígenas. En el contexto del terremoto de febrero 2010, se presenta como herramienta para reconstrucción y generación de empleo en zonas forestales afectadas.
Generado el 8 jul 2026
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