El proyecto propone que el Estado garantice asesoramiento y defensa legal gratuita a las víctimas de delitos que no tengan recursos para pagarlo, similar a lo que ya existe para los acusados a través de la Defensoría Penal Pública. Esto se haría modificando la Constitución para reconocer explícitamente este derecho.
Actualmente existe una desigualdad importante en el proceso penal: los acusados tienen derecho a defensa legal estatal si no pueden pagarla, pero las víctimas no. Según datos del Ministerio Público de 2006, de casi 937 mil víctimas que ingresaron al sistema, ninguna recibió defensa legal estatal, mientras que todos los acusados que la solicitaron la obtuvieron. El proyecto busca equilibrar esta situación permitiendo que las víctimas puedan ejercer plenamente sus derechos en el proceso penal con apoyo legal profesional.
Generado el 8 jul 2026
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