El proyecto otorga temporalmente a una comisión ambiental las facultades para fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las condiciones ambientales de proyectos aprobados, mientras entra en vigencia la nueva institucionalidad ambiental. Las sanciones pueden incluir multas y revocación de aprobaciones, y las decisiones pueden ser reclamadas ante tribunales civiles.
La reforma ambiental de 2010 creó nuevas instituciones (Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia del Medio Ambiente) pero dejó un vacío temporal: las facultades de fiscalización y sanción quedaban sin órgano responsable hasta que entrara en vigencia el nuevo sistema. Sin este proyecto, durante ese período no habría quien fiscalizara el cumplimiento de las condiciones ambientales de proyectos ya aprobados, dejando sin protección los compromisos ambientales adquiridos.
Generado el 8 jul 2026
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