El proyecto establece que las personas damnificadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 en seis regiones del país puedan regularizar gratuitamente la propiedad de sus terrenos y casas, sin pagar los aranceles que normalmente cobra el Estado y los Conservadores de Bienes Raíces. Esta medida busca que los afectados accedan a subsidios de reconstrucción de viviendas.
Tras el terremoto de 2010, muchas personas perdieron sus viviendas pero no tenían documentos legales que probaran que eran dueños de sus terrenos. Sin esa regularización, no podían acceder a los subsidios estatales para reconstruir. El proyecto elimina las barreras económicas (aranceles) que impedían a los damnificados formalizar la propiedad de sus inmuebles, facilitando así su acceso a beneficios de reconstrucción y recuperación.
Generado el 8 jul 2026
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