El proyecto moderniza la ley sobre derechos de personas con discapacidad, cambiando el enfoque: en lugar de ver la discapacidad como un problema de la persona, la entiende como resultado de la interacción entre la persona y un entorno que puede ser discriminatorio o inaccesible. Propone fortalecer la igualdad de oportunidades mediante principios como vida independiente, accesibilidad universal y participación social, y refuerza las obligaciones del Estado para eliminar barreras en educación, trabajo, transporte y servicios públicos.
Después de 10 años de vigencia de la ley anterior, el proyecto responde a nuevos estándares internacionales de derechos humanos y a datos que muestran que más de 2 millones de chilenos (12,9% de la población) tienen algún nivel de discapacidad. El cambio conceptual es importante: deja de culpabilizar a la persona por su discapacidad y responsabiliza al Estado y la sociedad de crear entornos accesibles e inclusivos. Esto tiene consecuencias prácticas en educación, empleo, transporte y acceso a servicios, buscando que las personas con discapacidad participen activamente en la comunidad en lugar de ser asistidas pasivamente.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026