El proyecto prohíbe que se otorguen nuevos derechos de agua en acuíferos específicos del país mediante un procedimiento simplificado que estaba destinado a pequeños agricultores. Mantiene las excepciones para pequeños productores, campesinos e indígenas que cumplan los requisitos legales, y para sistemas de agua potable rural.
Desde 2005, se presentaron aproximadamente 51.600 solicitudes de derechos de agua bajo una norma transitoria pensada para regularizar pozos pequeños de agricultores. Sin embargo, medianas y grandes empresas utilizaron este procedimiento simplificado para regularizar usos anteriores, lo que amenaza con saturar y sobreexplotar los acuíferos. Esto perjudicaría los derechos ya otorgados y dejaría sin agua a los pequeños productores que la norma buscaba proteger. El proyecto busca evitar el colapso de estos acuíferos en zonas críticas del país.
Generado el 8 jul 2026
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