El proyecto establece que las empresas (personas jurídicas) pueden ser responsables legalmente y sancionadas por delitos graves cometidos por sus directivos o empleados en beneficio de la empresa: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Las sanciones incluyen multas, prohibiciones de actividades, pérdida de beneficios fiscales, y en casos graves, disolución de la empresa.
Chile ha asumido compromisos internacionales (OCDE, ONU) de responsabilizar legalmente a las empresas por delitos graves que afecten bienes públicos. Actualmente, solo se castiga a las personas naturales, lo que permite que empresas se beneficien de delitos sin consecuencias legales. Esta ley busca cerrar ese vacío, disuadir a las empresas de participar en corrupción y lavado de dinero, y mejorar la imagen de Chile internacionalmente para acceder a la membresía plena de la OCDE, lo que favorecería la inversión y competitividad.
Generado el 8 jul 2026
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