El proyecto establece que los tribunales chilenos pueden juzgar a ciudadanos chilenos o residentes en Chile que cohechen (sobornen) a funcionarios públicos extranjeros, incluso si el delito ocurrió parcialmente fuera del país. También incluye este delito en la lista de crímenes que pueden ser investigados como lavado de activos.
Chile busca cumplir con las recomendaciones de la OCDE para ser miembro pleno de ese organismo. La Convención Internacional contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros exige que cada país tenga capacidad de perseguir a sus ciudadanos que sobornen a autoridades extranjeras en transacciones comerciales. Sin esta ley, Chile no podría juzgar a sus nacionales por estos delitos cometidos en el extranjero, debilitando su compromiso anticorrupción internacional y afectando su candidatura a la OCDE.
Generado el 8 jul 2026
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