El proyecto autoriza al Estado de Chile a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), creada por el Tratado de Roma de 1998. Para ello, propone una reforma constitucional que añade una disposición transitoria permitiendo que Chile apruebe y ratifique el Estatuto de Roma, sin que las disposiciones de la Constitución sean obstáculo para ello.
La CPI es un tribunal internacional permanente creado para juzgar a individuos responsables de los crímenes más graves para la comunidad internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Su creación responde a la necesidad histórica de terminar con la impunidad de estos delitos y prevenir su comisión futura. Chile, al ratificar el Tratado, se integra a un sistema penal internacional que complementa (no reemplaza) las jurisdicciones nacionales, permitiendo que la CPI actúe cuando los sistemas internos sean incapaces o no quieran investigar y juzgar estos crímenes. El Tribunal Constitucional chileno determinó que la aprobación requería reforma constitucional previa, lo que este proyecto resuelve.
Generado el 8 jul 2026
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