El proyecto crea la Defensoría de las Personas, un organismo autónomo e independiente que protege los derechos de los ciudadanos frente a actos u omisiones de la administración del Estado y de empresas privadas que prestan servicios públicos. El Defensor podrá recibir quejas, mediar conflictos, formular recomendaciones y, en ciertos casos, interponer acciones legales, pero no tendrá poder para revocar decisiones administrativas.
Desde 1991 se ha buscado crear un mecanismo especializado para proteger derechos que no son adecuadamente cubiertos por los controles jurisdiccionales, administrativos o políticos existentes. La Defensoría complementaría estos sistemas, permitiendo que ciudadanos sin recursos para litigar puedan reclamar por abusos o deficiencias en servicios públicos. Además, mejoraría la modernización del Estado al detectar falencias y contribuir a mejores políticas públicas, y extendería la protección a servicios prestados por empresas privadas, que hoy son responsables de muchas prestaciones que antes daba el Estado directamente.
Generado el 8 jul 2026
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