El proyecto exime del pago de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 Unidades de Fomento, trasladando este costo a las empresas sanitarias en lugar de que lo paguen los propietarios o urbanizadores.
Actualmente, los beneficiarios de vivienda social terminan pagando el costo de conexión a servicios básicos, lo que en muchos casos resulta más caro que la vivienda misma. Esto genera una situación inequitativa donde las personas de menores ingresos cargan con costos de infraestructura que deberían ser asumidos por otros actores. El proyecto busca aliviar esta carga para familias vulnerables, permitiendo que accedan efectivamente a servicios sanitarios básicos sin endeudarse adicionalmente. Las empresas sanitarias, según el texto, estarían en condiciones de absorber este costo sin afectar su viabilidad financiera.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026