El proyecto protege el derecho de productores, directores y realizadores de obras audiovisuales a mantener en secreto sus fuentes de información y los materiales que las identifican, sin poder ser obligados a revelarlas ni siquiera por orden judicial. Esta protección se extiende también a personas que debieron estar presentes cuando se recibió la información.
La libertad artística en obras audiovisuales depende de poder acceder a fuentes de información sin que éstas sean reveladas. Si las fuentes pueden ser obligadas a declarar, las personas dejarían de colaborar con los creadores audiovisuales, impidiendo la creación y difusión de obras. El proyecto busca que el Estado cumpla su deber constitucional de promover y fomentar la creación audiovisual como patrimonio cultural nacional, aplicando al cine y televisión la misma protección que ya existe para periodistas.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026