El proyecto propone que el Estado pueda ordenar a las empresas que operan embalses (para generar electricidad o riego) que evacúen agua cuando hay riesgo de inundaciones, para reducir los daños de crecidas extremas. Para esto, crea un registro de embalses, obliga a monitorear caudales, y permite que la autoridad declare alertas de crecida y ordene medidas de operación.
Tras las inundaciones de julio de 2006 en el río Bío Bío que causaron pérdidas de vidas y destrucción de viviendas, surgió la demanda de que el Estado usara mejor la infraestructura existente (embalses) para mitigar daños futuros. El proyecto busca pasar de solo remediar desastres a prevenirlos, coordinando la operación de embalses con pronósticos meteorológicos para reducir el impacto de crecidas extremas, aunque reconoce que no puede eliminarlas completamente.
Generado el 8 jul 2026
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