El proyecto regula la actividad de lobby o gestión de intereses, exigiendo que quienes la ejerzan profesionalmente se registren en registros públicos y reporten trimestralmente sus actividades, contactos con autoridades y materias gestionadas. Busca aumentar la transparencia en cómo se influye en decisiones públicas y legislativas, permitiendo que ciudadanos y autoridades supervisen si estas decisiones responden al bien común o a intereses particulares.
En democracias modernas, grupos con más recursos pueden influir desproporcionadamente en decisiones públicas sin que el público lo sepa. Esto favorece a los poderosos en desmedro de los más vulnerables, distorsiona la competencia leal entre empresas, facilita la corrupción y daña la imagen internacional del país. La ley busca nivelar el acceso a la toma de decisiones mediante transparencia: si todos saben quién habla con quién y sobre qué, es más difícil que prevalezcan intereses particulares sobre el bien común.
Generado el 8 jul 2026
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