El proyecto obliga a las grandes empresas eléctricas a acreditar que el 5% de la energía que comercializan proviene de fuentes renovables no convencionales (solar, eólica, geotérmica, biomasa, pequeñas hidroeléctricas y energía marina). Esta obligación rige desde 2010 por 20 años, aplicándose solo a nuevos proyectos interconectados después de mayo de 2007.
Chile enfrenta desafíos de seguridad energética y dependencia de combustibles importados. Las energías renovables no convencionales son menos contaminantes, reducen la vulnerabilidad a fluctuaciones de precios internacionales, permiten desarrollo descentralizado y contribuyen a mitigar el cambio climático. Sin embargo, estos proyectos enfrentan dificultades para obtener financiamiento de largo plazo porque son más pequeños, riesgosos e innovadores que los proyectos convencionales. Esta ley crea un mercado garantizado que atrae inversión privada en tecnologías limpias.
Generado el 8 jul 2026
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