El proyecto autoriza que las leyes que establezcan nuevos sistemas de procedimientos judiciales puedan entrar en vigencia en diferentes fechas según cada región del país, en lugar de hacerlo simultáneamente en todo el territorio. Esto permite implementar reformas judiciales de forma gradual y controlada, con un plazo máximo de seis años para que la ley rija en la totalidad del país.
Las grandes reformas al sistema judicial requieren capacitación, nuevas estructuras organizacionales y cambios en los procedimientos. Implementarlas gradualmente por regiones permite evaluar resultados, identificar problemas y hacer ajustes antes de aplicarlas en todo el país, reduciendo riesgos de fracaso. La experiencia de la reforma procesal penal mostró que esta gradualidad territorial facilita una implementación más exitosa y eficiente de cambios complejos en la administración de justicia.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026