El proyecto modifica las penas de inhabilitación para empleados públicos que defraudan al Estado o tienen conflictos de interés en sus funciones. Cambia la actual "inhabilitación especial perpetua" (que solo impide volver al cargo específico) por una "inhabilitación absoluta temporal" (que impide ocupar cualquier cargo público durante un tiempo determinado). Esto equipara las sanciones con otros delitos similares de menor gravedad que ya tienen esta pena más severa.
Actualmente existe una inconsistencia en el Código Penal: empleados públicos que cometen fraude o tienen conflictos de interés reciben una inhabilitación menos severa que la aplicada a otros delitos de menor gravedad. Esto permite que un funcionario sancionado (como un Alcalde) pueda seguir trabajando en la administración pública en otro cargo superior. El proyecto busca cerrar esta brecha legal para desincentivar la corrupción y garantizar que quienes defraudan al Estado no puedan continuar en la función pública durante un período determinado.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026