El proyecto propone cambiar la forma en que se renuevan los contratos de trabajadores a plazo fijo en el sector público. En lugar de que cada año se deba solicitar explícitamente la prórroga del contrato, estos se renovarían automáticamente hasta el 31 de diciembre de cada año, a menos que la administración notifique con 30 días de anticipación que no será renovado.
Actualmente, los 60.000 funcionarios a contrata enfrentan inseguridad laboral anual porque sus contratos vencen cada 31 de diciembre y requieren solicitud explícita de prórroga con 30 días de anticipación. Esto genera miles de trámites administrativos innecesarios cada año en los servicios públicos. La medida busca reducir la burocracia, ahorrar horas de trabajo administrativo y recursos materiales, mientras proporciona mayor estabilidad laboral a los trabajadores contratados que llevan años en sus puestos.
Generado el 8 jul 2026
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