El proyecto protege a los funcionarios públicos que denuncien de buena fe irregularidades o faltas a la probidad administrativa dentro de sus organismos. Les otorga derechos como no poder ser suspendidos, destituidos, trasladados ni evaluados durante la investigación de su denuncia, siempre que cumplan requisitos formales. También sanciona con destitución a quienes hagan denuncias falsas o con intención de perjudicar.
Existe una obligación legal para los funcionarios de denunciar delitos e irregularidades, pero sin protecciones contra represalias. Esto genera temor a denunciar y debilita la capacidad de detectar y sancionar la corrupción. El proyecto busca hacer efectivo el principio de probidad administrativa al garantizar que los denunciantes no sufran consecuencias negativas en su carrera, mientras desalienta denuncias maliciosas.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026