El proyecto propone aclarar que las causales de extinción de responsabilidad penal (como amnistía, indulto y prescripción) no pueden aplicarse a crímenes graves reconocidos por tratados internacionales de derechos humanos, como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Además, prohíbe expresamente el indulto para condenados por torturas, secuestros, detenciones ilegales y conductas terroristas.
El proyecto responde a la necesidad de alinear la legislación penal chilena con los compromisos internacionales en derechos humanos, especialmente tras violaciones sistemáticas ocurridas en el país. Busca evitar que mecanismos como la amnistía, el indulto o la prescripción permitan evadir la responsabilidad por crímenes graves, asegurando que la justicia y la verdad histórica prevalezcan sobre la impunidad. Esto es relevante porque durante décadas se han utilizado estas causales para eximirse de castigo a responsables de crímenes de Estado.
Generado el 8 jul 2026
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