Modifica la ley N° 19.496 y el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, de Hacienda, con el fin de establecer la obligación para bancos e instituciones financieras, de fundar por escrito la negativa a una solicitud de crédito.

• Consumidores
• Pequeños y medianos empresarios
• Agricultores
• Comerciantes
• Solicitantes de crédito

Actualmente, muchas entidades bancarias rechazan solicitudes de crédito de forma verbal y sin justificación clara, lo que impide que los solicitantes sepan las razones reales de la negativa. El proyecto busca aumentar la transparencia en las decisiones crediticias, permitir que la Superintendencia fiscalice si los rechazos se basan en criterios legales válidos (no en datos caducos del historial crediticio), y garantizar que los consumidores puedan acceder a financiamiento de forma más equitativa basándose en criterios objetivos y comunicados claramente.