El proyecto obliga a autoridades públicas de alto nivel (presidente, ministros, parlamentarios, jueces, alcaldes, militares y otros funcionarios de jerarquía) a declarar públicamente su patrimonio (bienes, dinero, deudas) al asumir el cargo y actualizarlo periódicamente. El objetivo es aumentar la transparencia y permitir que la ciudadanía conozca la situación económica de quienes ejercen poder público.
Actualmente solo algunos funcionarios públicos están obligados a declarar su patrimonio, lo que genera desigualdad en los requisitos de transparencia. El proyecto busca cerrar esa brecha exigiendo que todas las autoridades de alto nivel declaren públicamente sus bienes, deudas y activos financieros. Esto permite a la ciudadanía fiscalizar posibles conflictos de interés, enriquecimiento ilícito o incompatibilidades, fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.
Generado el 8 jul 2026
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