El proyecto aclara que los delitos relacionados con bombas, artefactos incendiarios y venta irregular de municiones deben ser juzgados por tribunales ordinarios de justicia, no por tribunales militares. También reduce levemente las penas para quienes posean bombas incendiarias.
Después de una reforma reciente a la ley de armas (mayo 2005), surgieron dudas sobre qué tribunal debía juzgar ciertos delitos. El gobierno busca eliminar esas ambigüedades para que la justicia ordinaria tenga competencia clara sobre delitos de bombas, artefactos incendiarios y tráfico de municiones, evitando que estos casos se dispersen entre tribunales militares y civiles. Esto asegura un tratamiento consistente de estos delitos graves relacionados con la delincuencia común.
Generado el 8 jul 2026
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