El proyecto otorga mayor autonomía financiera y administrativa al Poder Judicial, permitiéndole gestionar más flexiblemente sus presupuestos: traspasar fondos entre gastos corrientes y de capital, reutilizar ahorros de un año para el siguiente, y autorizar sus propios gastos en estudios y proyectos. También transfiere al Poder Judicial los inmuebles fiscales donde funcionan los tribunales.
El proyecto busca mejorar la eficiencia y calidad del sistema de justicia al permitir que el Poder Judicial administre sus recursos de forma más ágil, sin depender de autorizaciones caso a caso del Ministerio de Hacienda. Se espera que esto acelere la resolución de conflictos y mejore el acceso a justicia. Se enmarca en la modernización del Estado y responde a una solicitud de la Corte Suprema de 2003 por mayor autonomía funcional y financiera.
Generado el 8 jul 2026
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