El proyecto reconoce a las víctimas de prisión política y tortura durante 1973-1990 identificadas por la Comisión Valech, y les otorga una pensión anual de reparación (entre $1,35 y $1,55 millones según edad), un bono de hasta $4 millones para menores nacidos en cautiverio, beneficios médicos para lesiones permanentes, y acceso gratuito a educación. Además, declara secretos por 50 años los testimonios y antecedentes recopilados por la Comisión.
Tras 31 años de silencio, el Estado reconoce formalmente a quienes sufrieron prisión política y tortura bajo el régimen militar. La Comisión Valech identificó a 27.255 víctimas que no habían sido reconocidas en iniciativas anteriores. Este proyecto cierra una deuda moral del Estado, repara el daño mediante beneficios económicos y de salud, y busca facilitar la reconciliación nacional al dar dignidad a las víctimas y sus familias. También protege la confidencialidad de los testimonios para honrar el compromiso con quienes se atrevieron a contar sus historias.
Generado el 8 jul 2026
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