El proyecto simplifica el procedimiento para que personas con discapacidad mental sean declaradas interdictas (sin capacidad legal para administrar sus bienes). En lugar de un juicio largo y estigmatizante, propone que con solo certificar la discapacidad mental según la ley de discapacidad, la persona sea automáticamente considerada interdicta, y sus padres ejerzan la curatela de sus bienes sin necesidad de ir a tribunales.
Actualmente, las familias de personas con discapacidad mental deben someterse a un juicio ordinario largo (1,5 a 2 años) para acreditar algo evidente: que su hijo tiene discapacidad mental permanente. Este proceso es humillante y estigmatizante, además de ineficiente. El proyecto busca eliminar este absurdo burocrático, proteger a las personas con discapacidad mental que viven más años que sus padres y quedan desprotegidas, y racionalizar recursos públicos. También busca permitir que talleres protegidos para adultos con discapacidad mental accedan a subvenciones estatales por su función educativa y laboral.
Generado el 8 jul 2026
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