El proyecto exige que las empresas constructoras e inmobiliarias que celebren contratos de promesa de compraventa de inmuebles deben obtener una póliza de garantía por el monto total del precio pactado, en favor del comprador. Además, tipifica como delito de estafa el incumplimiento de este requisito.
Busca proteger a las familias que compran vivienda mediante contratos de promesa, evitando que pierdan sus ahorros cuando las empresas constructoras se declaran insolventes o transfieren los fondos a otras empresas para evadir responsabilidades. El proyecto responde a casos documentados donde empresas recaudaban dinero de múltiples compradores, lo transferían a otros proyectos y luego se insolventaban, dejando a las familias sin vivienda ni dinero.
Generado el 8 jul 2026
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