El proyecto crea un delito específico de financiamiento del terrorismo, sancionando a quien recaude o entregue fondos destinados a cometer actos terroristas, incluso cuando esos fondos no estén vinculados a un delito terrorista concreto o a una organización terrorista identificada.
El proyecto responde a un compromiso internacional adquirido por Chile al ratificar el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999). Busca cerrar vacíos legales en la legislación chilena que permitían que la recaudación de fondos para terrorismo o la provisión de dinero sin vínculo a un delito terrorista específico quedaran sin castigo. La financiación es considerada un factor determinante en la capacidad de los grupos terroristas para actuar, por lo que su penalización se considera esencial para prevenir y combatir el terrorismo.
Generado el 8 jul 2026
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