El proyecto adelanta los plazos para nombrar a los fiscales regionales y adjuntos del Ministerio Público en la Región Metropolitana de Santiago, de modo que estén listos antes de que entre en vigencia la reforma procesal penal en diciembre de 2004. También define que el juzgado de Casablanca es competente para conocer causas de la comuna de Curacaví, resolviendo confusiones sobre jurisdicción territorial.
La reforma procesal penal es el cambio más importante en la justicia criminal chilena en décadas. Para que funcione bien en Santiago, los fiscales deben estar nombrados y capacitados antes de que el nuevo sistema comience. Sin este adelanto, habría un desfase de 6 meses entre el inicio de la reforma y la disponibilidad de personal, afectando la calidad del servicio. Además, resuelve un problema práctico: los habitantes de Curacaví tenían que viajar a Melipilla para asuntos judiciales, cuando históricamente han sido atendidos en Casablanca, que queda más cerca.
Generado el 8 jul 2026
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