El proyecto establece plazos legales para que la administración resuelva solicitudes de ciudadanos y empresas (máximo 20 días para decisiones finales), y crea el "silencio administrativo": si la administración no responde en plazo para autorizaciones o permisos, se entienden automáticamente otorgados; si no responde para otras solicitudes, se entienden rechazadas tras denuncia de demora.
La administración chilena carece de plazos claros para resolver trámites, lo que genera incertidumbre y demoras que desalientan inversiones y proyectos. El proyecto busca acelerar la gestión pública para que responda a la velocidad de la economía moderna, permitiendo que ciudadanos y empresas sepan en qué plazo obtendrán respuesta y puedan tomar decisiones. Esto debería reducir pérdida de empleos, impulsar actividad económica e ingresos fiscales.
Generado el 8 jul 2026
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