El proyecto propone crear un sistema de financiamiento urbano compartido que permite a los SERVIU (organismos estatales de vivienda y urbanización) contratar con empresas privadas la construcción, operación y mantención de obras urbanas como parques, plazas, vías y espacios públicos. A cambio, el Estado les otorga derechos de explotación (como cobrar entrada a parques o estacionamientos) o propiedad de terrenos, sin usar dinero fiscal directo.
Chile enfrenta un déficit acumulado de infraestructura urbana (áreas verdes, vías, espacios públicos) especialmente en comunas de menores ingresos, lo que deteriora la calidad de vida. El Estado no tiene presupuesto suficiente para resolver esto. Este sistema busca que el sector privado financie y ejecute obras urbanas necesarias, liberando recursos fiscales para otras prioridades y acelerando la modernización de ciudades.
Generado el 8 jul 2026
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