El proyecto propone cambiar cómo se cobran los créditos educativos con garantía estatal (CAE). En lugar de usar solo el ingreso mensual para decidir quién puede hacer un acuerdo de pago, busca evaluar la situación económica completa de cada deudor: ingresos, cargas familiares, deudas totales, gastos básicos y estabilidad laboral. Esto permitiría que más personas accedan a planes de pago ajustados a su realidad, y suspendería los cobros forzados mientras se tramita una solicitud de convenio.
Desde abril de 2026, la Tesorería inició cobros masivos contra deudores del CAE sin base legal clara para excluir a algunos de convenios de pago. La deuda creció ocho veces entre 2018 y 2024, en parte porque el Estado no cobró durante años. El proyecto busca que los cobros sean más justos y proporcionales, considerando la capacidad real de pago de cada persona, no solo su sueldo. Esto evitaría sobreendeudamiento y haría más efectivo el sistema de recuperación de créditos, reconociendo que la educación es un derecho social y herramienta de movilidad.
Generado el 8 jul 2026
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